El establecimiento educativo está orientado con estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa.

a. Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y Comité de Educación. Se trabaja en la concientización y preparación de la comunidad frente a riesgos que podrían presentarse en los aspectos físicos, sicosociales y de seguridad. Para ello se vinculan organizaciones como la secretaria de tránsito, secretaria de salud, policía nacional, secretaria del medio ambiente, entre otras.

1. Prevención de riesgos físicos. La Institución Educativa El Pinal, en atención a los parámetros de la resolución 7550 de 1994 sobre la prevención de riesgos crea y desarrolla un proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres orientados desde las siguientes acciones:

Creación de comité escolar de prevención y atención de emergencias y desastres, brigadas escolares, análisis escolar de riesgos, plan de acción, y simulacros escolares ante una posible amenaza.

Para tal fin se puede apoyar de la asesoría y el apoyo técnico, humano y logístico de los diferentes comités, tanto locales como regionales como los grupos de voluntarios y operativos de la Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otras entidades del orden departamental y municipal.

2. Prevención de riesgos psicosociales. La institución educativa crea y promueve diferentes espacios, como una acción preventiva que conlleva al establecimiento de los aspectos escolares, familiares y sociales que influyen en la convivencia y en el ambiente escolar, desde lo cual se deben generar alternativas que conlleven a mitigar los efectos que ejercen sobre el entorno educativo.

3. Acciones en seguridad. Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación.